Para algunos
sectores de la izquierda, cuya visión del mundo está fundamentada en esquemas
derivados de la teoría clásica marxista, la legalidad es una pieza más de la
superestructura creada por la burguesía, por lo que es válido reconocerla y
desconocerla según sea tácticamente conveniente. Existe inclusive un pequeño
sector en la izquierda que combate militantemente la legalidad como forma de
demostración de autenticidad revolucionaria.
Si bien es
cierto que las leyes responden a intereses determinados y a relaciones de
fuerza y, además, son interpretables y aplicables de modos diversos, también es
cierto que las leyes introducen objetividad, seguridad, previsibilidad,
institucionalidad y generalidad. Así, las normas pueden actuar como límites del
poder y garantía para evitar arbitrariedades.
Asimismo, la
base de la legitimidad del Estado democrático es la legalidad: en este sistema
político el gobierno está sujeto a leyes y obligado a actuar a través de las
mismas. Siendo la ley la principal fuente del derecho (tras la Constitución de
la que deriva) es la máxima expresión de la soberanía, es decir, de la voluntad
general.
Para la
izquierda democrática la legalidad es un componente fundamental de la
democracia y un instrumento fundamental e indispensable para el deseado cambio
social. Democracia y legalidad son incomprendidas si se toman separadas. Ambas
constituyen un binomio, son una y otra necesariamente, y así están siendo
entendidas por las izquierdas modernas y progresistas.
Desde la
década de los setenta, amplios sectores de la izquierda superaron visiones
dogmáticas sobre la legalidad y decidieron ajustarse al marco constitucional y
buscar acceder al poder público por la vía legal por excelencia: los procesos
electorales.
Para las
izquierdas con convicción democrática, la definición precisa y sin ambages del
acceso al poder por la vía de la legalidad democrática no se entiende como
claudicación. Por el contrario, se aprecia a la vía institucional como la
mejor, como la que involucra más a ciudadanas y ciudadanos que quieren el
cambio.
Lo anterior,
sin embargo, no debe interpretarse como la negación del rechazo a la
manifestación libre de las ideas, de la protesta firme ante las injusticias y
abusos del poder.
Por ello, es
importante señalar que los recursos presentados por las ilegalidades ocurridas
durante el proceso electoral de este 2012 ante la autoridad jurisdiccional en
materia electoral, no significa desconocer la legalidad democrática. Todo lo
opuesto, significa transitar por lo causes institucionales previamente
construidos para defender precisamente dicha legalidad democrática.
Para tal
efecto, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 41, que para garantizar
los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación. Dicho sistema
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y
garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Es pues,
el mismo orden legal de nuestro país el que contiene los instrumentos
institucionales para impugnar los procesos electorales y sus resultados.
Señalar las
irregularidades cometidas antes, durante y después del proceso electoral y
exigir que no queden impunes abona a la calidad de nuestra democracia. Exigir
elecciones libres, auténticas y equitativas, bajo los principios de
imparcialidad, objetividad, certeza, exhaustividad, transparencia y legalidad
no es una estrategia política, es una obligación ética.
Jesús Ortega Martínez
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