Con la publicación de la Ley
General de Víctimas por parte del Ejecutivo, se da un paso significativo en el
cumplimiento pleno de los derechos y se da la oportunidad de resarcir una parte
de los saldos de la violencia en el pasado, afirmó la diputada del PRD Elena
Tapia Fonllem, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados.
Además exhortó a las
legislaturas locales e instancias estatales a armonizar sus instrumentos con
estos nuevos mandatos. Asimismo, apuntó que urge la instalación del Sistema
Nacional de Atención a Víctimas para reparar a las personas afectadas no sólo
por los altos índices de delitos del orden común, sino de casos de tortura,
detención arbitraria, desaparición forzada y homicidio en que hay
responsabilidad de autoridades.
Tapia Fonllem consideró que
esta medida no es un gesto gracioso del titular del Ejecutivo, sino el
cumplimiento de un acuerdo previo que significa una obligación con la
ciudadanía.
“Con la promulgación se
suprimen los obstáculos que puso la administración anterior a una propuesta que
contó con el consenso de la sociedad civil y el voto unánime del Congreso de la
Unión. Ahora corresponde hacer realidad esta Ley a las autoridades de todos los
niveles y también una obligación de los tres poderes del Estado mexicano”.
Asimismo, manifestó que la
LXII Legislatura tiene el gran reto de reglamentar dicha ley, de tal forma que
se asegure un presupuesto suficiente para la implementación de sus
disposiciones y la instalación de los órganos del Sistema Nacional de Atención
a Víctimas.
Por otra parte, Tapia Fonllem
se pronunció en contra de la iniciativa de ley que presentó el pasado jueves el
diputado priísta y presidente la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
Francisco Arroyo Vieyra, que eliminaría los grandes logros de la histórica
reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
“La fortaleza del principio
pro persona en el artículo 1º radica en que establece la primacía de los
derechos de la ciudadanía ante cualquier acto del Estado que pueda
perjudicarlos. Como señalaron integrantes de la academia y la sociedad civil,
la incorporación de los instrumentos internacionales está plenamente
reglamentada, por lo que los conflictos de interpretación deben ser resueltos
en consideración de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución”.
Subrayó que esta iniciativa de
ley no es procedente porque la reforma constitucional de derechos humanos
establece claramente la progresividad y no es viable dirimir un supuesto
conflicto entre el interés de la autoridad y los derechos de las personas en
detrimento de éstos.
Por tal motivo, la diputada
anunció que entre sus actividades parlamentarias pugnará de forma prioritaria
porque esta iniciativa sea desechada, así como para que el nuevo paradigma de
derechos humanos se profundice en la legislación por venir.
