· Debemos saber que funcionarios mexicanos aceptaron sobornos para dar contratos de mantenimiento de aeronaves a la empresa BizJet
· Incluso conocer si por esta causa se desplomaron los aviones de varios funcionarios públicos.
Es urgente investigar hasta las últimas consecuencias qué autoridades del gobierno mexicano pueden ser penalmente responsables de corrupción al dar contratos a empresas que dieron, a todas luces, mantenimiento deficiente a aeronaves federales, y qué relación tiene este hecho con el desplome de estos aparatos que cobraron la vida de muchos funcionarios públicos, pilotos y tripulantes en años pasados.
De esta manera, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, Nazario Norberto Sánchez, se suma a las demandas de información clara y precisa sobre la denuncia que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos que puso al descubierto una red de corrupción que involucra a la empresa Bizjet con seis funcionarios mexicanos, incluyendo de la Presidencia, Policía Federal.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) destacó que evidentemente no deben ser revelados datos de una investigación en curso, pero sí es imprescindible que la Procuraduría General de la República (PGR) informe cuanto antes de sus pesquisas, porque se pueden adelantar los estadounidenses y pudiera parecer que aquí hay encubrimiento institucional.
"Es increíble que mejor sepan los extranjeros de este caso y que no se entregue un reporte claro de los avances de forma inmediata. Quizá los estadounidenses nos proporcionen antes los nombres de quienes habrían recibido sobornos a cambio de garantizar contratos por más de 20 millones de dólares para proveer servicios de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves entre 2004 y 2009.
Nazario Norberto recordó que la compañía estadounidense BizJet International Sales & Support, Inc., se declaró culpable de sobornar a funcionarios de gobierno de México, entre ellos dos elementos del Ejército y le fue impuesta una multa por más de 11 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos de América.
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