El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el nuevo caso de corrupción que denunció el gobierno de Estados Unidos y que involucra a la Presidencia de la República, a la Policía Federal, así como a los gobiernos estatales de Sinaloa y Sonora en la asignación de contratos de mantenimiento de aeronaves valuados en millones de dólares a la empresa de aeronáutica civil Bizjet, con sede en Oklahoma.
Al respecto, la diputada federal Esthela Damián Peralta informó que se pedirá al máximo órgano de fiscalización del país la realización de una auditoría excepcional, “se trata de la historia de siempre, donde en Estados Unidos se conoce, se castiga, pero en México impera la absoluta impunidad, el nuestro es el país del nunca pasa nada, del somos corruptos pero no hay castigo”.
“Resulta muy delicado que ahora sepamos de empresas estadounidenses que sobornaron a gobiernos estatales, a funcionarios de la Policía Federal y de la Presidencia de la República para hacerse de contratos millonarios para el mantenimiento de aeronaves, aunque esto no es la primera vez que sucede”.
La también presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación criticó la apatía que en torno a este asunto muestra la Secretaría de la Función Pública (SFP), “habría que preguntarle a su titular qué es lo que va a hacer, qué información tiene de este asunto y cuál será su actuación”.
Consideró que la denuncia hecha por el gobierno estadounidense representa una mancha más a la Secretaría de Seguridad Pública federal a cargo de Genaro García Luna, que se ha caracterizado por los malos resultados en el combate a la inseguridad y la escasa inversión en materia de prevención del delito.
En el caso de la Presidencia, Damián Peralta expuso la necesidad de conocer a los responsables del nuevo escándalo, así como los detalles del destino de los contratos que asigna.
Adelantó que el PRD en San Lázaro solicitará a la PGR y a la SFP un informe pormenorizado del caso, además de la intervención de la ASF para que en términos de sus facultades realice una auditoría excepcional en torno a lo que calificó como “una nueva perla de corrupción en México”.
Por otro lado, celebró la decisión que tomó la Suprema Corte de ejercer su facultad de atracción para resolver si deben ser admitidos a trámite siete amparos contra el decreto del Congreso de Coahuila que autorizó el refinanciamiento y pago de la deuda heredada por el es gobernador Humberto Moreira.
“Todo lo que tenga que ver con la transparencia y la rendición de cuentas sobre los más de 33 mil millones de pesos con los que endeudaron a Coahuila, será un asunto a festejar, me congratulo de la decisión que tomaron los ministros pero sobre todo estoy convencida de que la Corte hará un estudio exhaustivo para revisar a detalle y profundidad los derechos constitucionales que le asisten y hasta donde a los ciudadanos de Coahuila”.
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