Palacio Legislativo, 25
de septiembre de 2012
Durante la intervención de Aleida Alavez Ruiz, para presentar
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la constitución general de la república, la diputada mencionó:
Vengo a nombre de los grupos parlamentarios del PRD, PT,
Movimiento Ciudadano, a presentar hoy esta iniciativa para dotar de autonomía a
la Procuraduría General de la República y sentar las bases constitucionales
para la creación de la Fiscalía General de la Nación.
Sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71, 76, 78, 89 y 102
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las
siguientes consideraciones.
En palabras del poeta Javier Sicilia, nuestro país vive un
estado de emergencia nacional. Al referirse a la política de seguridad y
combate a la delincuencia, el poeta también hace referencia a las instituciones
encargadas de procurar e impartir justicia; particularmente las primeras,
aquellas instancias que constitucionalmente son las representantes de la
sociedad y que deben defender nuestros derechos se han convertido en nuestros
peores adversarios.
Las procuradurías de justicia de todo el país son un
verdadero lastre nacional.
Desde luego esta carga no podría entenderse sin analizar el
papel que ha jugado la Procuraduría General de la República en los últimos 15
años, al convertirse en un órgano de investigación y persecución del delito a una instancia incluso de
persecución política.
Para mejorar la procuración de justicia y para definir los
cambios necesarios es importante recordar la crisis generalizada de la justicia
que estamos viviendo, esto aunado a muchas deficiencias que se han generado en
los últimos años. Por ello esta reforma busca el espectro de la justicia, así
como programas y acciones que permitan combatir con eficacia y prontitud el
flagelo que atañe a los mexicanos y a las mexicanas, a todos, en sus diferentes
edades.
El Ministerio Público, tal y como se encuentra constituido en la
actualidad, ha sido rebasado por el fenómeno delincuencial, así como por los
arraigados vicios que la aquejan, excesiva burocracia, lentitud de la
tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de los agentes
del Ministerio Público, la violación sistemática de los derechos humanos, así
como la infiltración de grupos criminales, motivos estos para el descrédito de
las instituciones en materia de procuración de justicia penal.
Es imperante la autonomía del Ministerio Público no sólo por los
aspectos antes señalados, sino por las reformas en materia de justicia penal
del 2008, que definió un proceso penal acusatorio, sino sobre todo por las
reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, que establece
una obligación superior a los órganos del Estado en la construcción de
garantías y mecanismos que respeten y salvaguarden los derechos humanos de las
personas.
Sin autonomía del Ministerio Público el sistema penal acusatorio
no tiene posibilidades objetivas de ser un catalizador de las transformaciones
en nuestro descompuesto sistema de justicia. El que los Ministerios Públicos
dependan directamente de Ejecutivos estatales y, en el caso de la PGR, de la
federal desde luego impide que dichas instancias se conviertan en verdaderos
mecanismos de representación social, transformándolos en representantes y
personeros del gobernador o del presidente en turno.
Con esta reforma se pretende que el presidente de la República o
el gobernador en una entidad federativa no sean jefes del Ministerio Públicos,
para que con ello no puedan sustituir con su voluntad política las decisiones
que sólo incumben un órgano técnico que actúa en representación de la sociedad.
Aparejado con esta iniciativa que se presenta y que dota de
dicha autonomía al Ministerio Público se debe integrar un paquete de
iniciativas que reformen las competencias y atribuciones de la Procuraduría
General de la República a nivel federal, que distribuya la investigación de los
delitos y, sobre todo, que fortalezcan a esta figura constitucional.
La Fiscalía General de
la Nación –o como decida nombrarse– debe tener facultades para investigar los
delitos con recursos y patrimonio propio, debe ser realmente una instancia
acusadora y persecutora, y no sólo una instancia que recibe información y
engrosa expedientes, debe contar con una verdadera policía de investigación con
verdaderos elementos técnicos y periciales, además debe contar con mecanismos
de protección y seguridad para las víctimas.
Una nueva instancia de Ministerio Público implica un verdadero
reto para todas las mexicanas y para todos los mexicanos, pero implica también
una verdadera posibilidad para diseñar de raíz una institución que realmente
investigue y sancione los delitos que se cometen.
En un país donde el 98 por ciento de los delitos quedan impunes
no podemos quedarnos inmóviles. La procuración de justicia integral es una
responsabilidad que excede las posibilidades de los organismos públicos, de los
cuales la Constitución y las leyes la confinan.
Por tanto tiene que contarse con la participación consciente,
decidida y honesta de todos los ciudadanos, ya sean gobernantes o gobernados.
Por ello se propone que esta nueva instancia sea encabezada por
una persona elegida de entre la sociedad civil, con prestigio y trayectoria
reconocida y que no dependa políticamente de ningún gobernante o partido
político, con ello se garantizará también su imparcialidad y su compromiso con
la ciudadanía y no con los políticos en turno.
Hay una frase que versa: Sin justicia no habrá paz. Y justo por
eso tenemos que trabajar en esta ruta, para construir instituciones capaces y
efectivas que nos garanticen el acceso a la justicia, esa justicia que se nos
ha negado durante muchos años y que permita construir en un corto plazo las
bases para la paz en este país enfrascado en una guerra intestina, sin rumbo ni
dirección. Es cuanto, diputado presidente, y solicito la integración del texto
al Diario de los Debates.
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