• Punto de Acuerdo de los diputados Guajardo Villarreal,
Jaime Correa y
Castro Cosío presentado en la sesión de este miércoles 16 en
la Comisión
Permanente
• Las autoridades deben cumplir con una de sus funciones
fundamentales:
Seguridad para la ciudadanía
Los diputados federales del PRD Mary Telma Guajardo
Villarreal, coordinadora del
Grupo Parlamentario y presidenta de la Junta de Coordinación
Política; José Luis
Jaime Correa y Víctor Manuel Castro Cosío, presentaron ante
la Comisión Permanente
un Punto de Acuerdo para que este órgano del Congreso de la
Unión exhorte a los
gobiernos federal, estatales y municipales, principalmente
aquellos que se encuentran
en la frontera norte, para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias,
implementen las medidas de protección efectiva a la
población, con pleno respeto a los
derechos humanos, para garantizar su derecho a la seguridad.
En el documento presentado en la sesión de este miércoles
16, se señala que el
pasado domingo 13 de mayo fueron encontrados en el municipio
de Cadereyta, estado
de Nuevo León, los cuerpos destazados de 49 personas,
presuntamente asesinadas
por la delincuencia organizada.
Guajardo, Jaime y Correa señalan que éste es un hallazgo
que, por su propia
naturaleza, resulta en sí mismo condenable y obliga a las
autoridades de los tres
órdenes de gobierno a desarrollar las investigaciones
pertinentes --a las que se
encuentran obligadas-- con el fin de identificar a los
responsables, para su debido
procesamiento ante la justicia de nuestro país.
Los legisladores del PRD indican que éste no constituye un
hecho aislado, ya que en
los últimos días hemos sido testigos de, por lo menos, otros
dos hallazgos de la misma
naturaleza en diversos estados de la frontera norte de
nuestra república.
El primero, recuerdan, sucedido el viernes 4 de mayo en la
ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en donde fueron encontrados los cuerpos de 23
personas, nueve de
los cuales fueron colgados de puentes de circulación vial,
en un abierto reto hacia la
autoridad.
En el segundo de ellos, el miércoles 9 de mayo se hallaron
18 cuerpos en el municipio
de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco.
“No podemos exhortar a las autoridades de los tres órdenes
de gobierno para que
realicen las investigaciones pertinentes, dado que ésta es
su obligación primordial. No
podemos solicitarles que realicen su trabajo como deben,
dado que es por ello que
todos y cada uno de los funcionarios públicos ostentan un
cargo y reciben un sueldo
que proviene de los bolsillos de todos los ciudadanos”,
afirman Guajardo, Jaime y
Castro.
“Exhortamos, en cambio, a las autoridades a que cumplan con
una de sus funciones
fundamentales, garantizar a la ciudadanía el derecho a la
seguridad, para lo cual se
solicita se incrementen las medidas que, con pleno respeto y
apego a los derechos
humanos, protejan de una manera efectiva a la población”,
enfatizan en el Punto de
Acuerdo turnado a la Segunda Comisión de la Comisión
Permanente.
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