martes, 23 de octubre de 2012

En Morelos las mujeres confían en un gobierno incluyente


México, D.F; 23 de octubre de 2012


El derecho de las mujeres al sufragio en México, oficializado hace 59 años, constituyó el primer paso para tratar de democratizar la toma de decisiones en un país en el que hasta entonces la política era una prerrogativa exclusiva de los hombres que crecieron y se hicieron bajo la visión del partido único y autoritario, actividad en la que las mujeres estaban imposibilitadas legalmente para disputarle a los varones los espacios de poder.

Desafortunadamente, a casi seis décadas de haberse concretado la lucha de cientos de mujeres por el derecho a sufragar en las elecciones federales de México, la desigualdad entre los sexos en el ámbito político sigue siendo evidente. Si la disputa original de las mujeres fue por el derecho a votar en un país machista, la batalla ahora se centra en la prerrogativa que tiene el sector femenino a ocupar los puestos de elección popular de manera equitativa con los hombres.

A pesar de que dentro de la lista nominal que se usó durante las pasadas elecciones federales del 1 de julio las mujeres constituyeron el grupo poblacional mayoritario -41 millones 196 mil 690 frente a 38 millones 262 mil 376 de hombres-, los dirigentes de los partidos políticos siguen negándole a las mujeres la posibilidad de competir en condiciones de equidad con los varones por los puestos en el Congreso federal y en las 32 legislaturas locales de nuestro país.

Aunque la legislación electoral vigente en nuestro país contempla la obligación de que los institutos políticos con registro otorguen el 40 por ciento de sus candidaturas a mujeres, es oportuno denunciar que ninguno de ellos cumplió con dicho mandato durante el pasado proceso electoral. Esto se hace evidente cuando revisamos que de los 500 legisladores que conforman la LXII Legislatura, sólo 184 son mujeres.

La situación no es diferente cuando examinamos la integración de las legislaturas de los 31 estados de la República.

En el caso del congreso local del estado de Morelos, la conformación de la LXI Legislatura indica que las mujeres volvieron a ser relegadas por sus partidos a un segundo plano, al otorgarles la posibilidad de competir, sí, pero en su mayoría en condiciones adversas y sin respetar las reglas internas de equidad y paridad de género.

Ello representa un claro incumplimiento al artículo 43 numeral IV del Código Electoral del Estado de Morelos relativo a las obligaciones de los partidos políticos, que mandata garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular, violación que se refleja en el número de diputadas que estarán en funciones para el trienio 2012-2015.

De los treinta escaños que conforman la actual legislatura, sólo siete son ocupados por mujeres, equivalente a menos del 25 por ciento del total.

Por partidos, el PAN, de cuatro diputados, dos son mujeres (50 por ciento). El PT, con tres diputados, uno es mujer (33 por ciento). El PVEM de tres diputados tiene una mujer (33 por ciento). El PRI, con ocho diputados, sólo cuenta con una diputada (12.5 por ciento). En Nueva Alianza su única diputada es mujer. El Partido Movimiento Ciudadano, que cuenta con dos diputados, y el PSD, que tiene uno, no tienen representantes femeninos.

En el caso del PRD, que con ocho integrantes representa la bancada mayoritaria en el Congreso local, sólo tiene dos diputadas, que equivale a un porcentaje de 25 por ciento.

Cabe recordar que uno de esos dos lugares fue otorgado a la diputada María Teresa Domínguez Rivera luego de un largo litigio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por hacer valer el estatuto del Partido de la Revolución Democrática en su capítulo II relativo de la democracia y garantías al interior del partido, que en su artículo 8 inciso e señala a la letra que:

“…el partido garantizará la paridad de género en los órganos de dirección en todos sus niveles, asegurando siempre la alternancia equitativa y proporcional de dicha paridad. Dicha regla se aplicará en la integración de las listas de candidaturas a los cargos de elección popular por representación popular, asegurando que en cada bloque de dos haya uno de género distinto y de manera alternada, respetando el orden de los géneros del primer bloque hasta completar la lista correspondiente”.

En un claro atentado a los avances democráticos internos logrados desde la conformación del PRD como partido político nacional, Abel Espín, dirigente del sol azteca en Morelos, impugnó por medio de un recurso de inconstitucionalidad presentado ante la SCJN las cuotas de género logradas por la lucha encabezada por cientos de mujeres perredistas desde la conformación de nuestro instituto como partido político nacional y plasmadas en nuestros documentos básicos en los más recientes congresos nacionales que hemos celebrado.

Aunque la SCJN ha desechado ya dicho recurso, resulta preocupante que el dirigente perredista pidiera invalidar el Código Electoral del Estado de Libre y Soberano de Morelos específicamente en las disposiciones contenidas en los artículos 193, 209, 210, 211 en lo relativo a la equidad de género, artículos que regulan las cuotas y derechos de género; es decir, que impone obligaciones a todos los partidos políticos en Morelos para garantizar la presencia de la mujer en cargos de elección popular.

Sobre todo cuando el gobernador del estado, el perredista Graco Ramírez Abreu ha dado muestras amplias de impulsar las acciones afirmativas e incluir la perspectiva de género como ejes principales de su trabajo en el gobierno en la entidad.

Por ello, hacemos un enérgico llamado al presidente del PRD en Morelos, Abel Espín, a respetar los documentos básicos de nuestro partido, asumiendo con responsabilidad lo que en materia de acciones afirmativas contiene el Código Electoral del Estado de Morelos.

Llamamos a los integrantes del frente legislativo de izquierda de la LXII legislatura del Congreso de la Unión a impulsar durante los próximos meses los cambios necesarios en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que logren poner freno a las flagrantes violaciones que vienen cometiendo nuestros políticos, tanto a nivel nacional como local en detrimento de las mujeres.

A T E N T A M E N T E

Hortensia Aragón Castillo
Coordinadora Nacional
Foro Nuevo Sol-PRD

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