La
reforma laboral propuesta por Felipe Calderón a la Cámara de Diputados lastima
la dignidad de los trabajadores mexicanos al ubicarlos, con las modalidades de
contratación por hora y por día sugeridas, como simple material de desecho de
las empresas, modelo que no abona a elevar la productividad que se busca entre
la planta laboral ni mucho menos resuelve el déficit de más de cuatro millones
de fuentes de trabajo que se perdieron durante la estancia del PAN en Los
Pinos.
Contrario
a las exigencias de más y mejores empleos que claman millones de ciudadanos en
todo el país, la propuesta calderonista no sólo pretende relevar a los patrones
de las obligaciones que debe tener con sus empleados, sino que, bajo el esquema
de contratación temporal les niega a estos cualquier tipo de vínculo con la
empresa y la oportunidad de reclamar las mínimas prestaciones que por ley debe
recibir el trabajador a lo largo del año, como por ejemplo vacaciones y
aguinaldo.
Peor
aún, el texto enviado como iniciativa preferente por Calderón al Legislativo,
que tiene la firme intención de acabar con los contratos de planta dentro de
las empresas, incrementará no sólo la modalidad del pago por honorarios que
miles de empresas realizan desde hace mucho tiempo, sino principalmente dará
paso a la discrecionalidad y a los arreglos debajo del agua entre “empleador” y
“empleado” que fomentarán prácticas de corrupción que ahondará la crisis
financiera en la que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La
propuesta oficial de reforma laboral no aporta ninguna innovación a los
esquemas de contratación vigente –algunos ilegales- que prevalecen en el
mercado mexicano, como son los trabajos a destajo en domicilio que se
promocionan en los principales diarios de circulación nacional, que no ofrecen
ningún tipo de seguridad a sus empleados. Por el contrario, refuerza las
desventajosas prácticas que se realizan a través de compañías outsourcing, por
medio de las cuales se niega el derecho a los trabajadores a crear antigüedad o
a recibir prestaciones de ley.
Si la
liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza demostró hasta dónde podía llegar el
intervencionismo del gobierno calderonista en la vida y decisiones de los
trabajadores mexicanos, con la propuesta laboral que los diputados ahora
discuten cualquier empresa -del tipo y el tamaño que sea- podría sufrir una
suerte similar, pues la propuesta faculta a la
Secretaría del Trabajo a clausurar centros de trabajo “cuando exista peligro
inminente para la vida o salud de los trabajadores”, preceptos que no están
claramente especificados en la iniciativa oficial, lo que abre la puerta a
futuras venganzas gubernamentales.
Frente a
la propuesta que han hecho los partidos de izquierda, que entre otros puntos
incluye fijar un salario mínimo capaz de satisfacer las necesidades básicas de
las familias mexicanas, una jornada máxima de 40 horas para los trabajadores
con un pago equivalente a 56 horas, que incentiva la estabilidad en el empleo,
que posibilita que los trabajadores de menores ingresos tengan acceso a una
vivienda de interés social, que hace obligatorio un seguro de desempleo hasta
por seis meses, la propuesta de reforma laboral de Felipe Calderón resulta
atentatoria de las conquistas laborales obtenidas en casi un siglo por los
trabajadores por medio de los sindicatos.
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