Excélsior, Sección Opinión, 24 de Julio de 2012
No hay duda de que el responsable de la masacre de 12 personas hace unos días en un cine de la localidad de Aurora, Colorado, es James Holmes, el muchacho que disparó a sangre fría hacia el público; pero también lo son los negociantes de armas y políticos estadunidenses que se niegan a revisar su legislación en la materia.
Luego de una tragedia más relacionada con armas de fuego, los políticos insisten en avalar su venta y evitan la discusión de una legislación más severa para su control.
Así lo demostraron el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien busca reelegirse y su contrincante Mitt Romney, quienes eludieron abrir el debate sobre la posesión de armas de fuego, a pesar de lo ocurrido en Aurora.
Lo anterior se debe en gran parte a que Estados Unidos es el principal país que participa en la industria armamentista, es decir, es quien vende más armas de fuego hacia dentro y fuera de su territorio.
La semana pasada fue la tragedia de Aurora, pero en abril de 2011 siete personas murieron en un tiroteo en una universidad privada en Oakland, también en ese año ocho personas perecieron porque un hombre disparó al interior de una peluquería en Seal Beach, California.
En 2007 un estudiante asesinó a 32 jóvenes y profesores en la Universidad Politécnica de Virginia. Y cómo olvidar los hechos de Columbine en 1999, cuando dos estudiantes mataron a 13 personas e hirieron a 23 más en una pequeña escuela de Littleton, Colorado.
Lo ocurrido hace unos días en Colorado, así como una veintena más de casos parecidos que han sucedido en Estados Unidos en los últimos años, es lamentable, pero ¿cuántas personas más han muerto en otros países, incluyendo México, por la venta de armas?
Todo por un afán del gobierno estadunidense por obtener formidables ganancias a costa de la vida de los demás.
Hace unos meses nos enteramos de Rápido y Furioso, un programa diseñado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del país del norte, que provocó que cientos o miles de armas de fuego provenientes de ese país terminaran en manos del crimen organizado en México.
También supimos que antes de este fallido operativo, la misma dependencia norteamericana utilizó intermediarios para adquirir armas e introducirlas de manera ilegal a México a través del programa denominado Receptor Abierto.
El gobierno federal ha informado que durante este sexenio se han decomisado más de 100 mil armas de todo tipo, cartuchos y cargadores, de los cuales existen datos que 80 por ciento proviene de Estados Unidos.
Sociedad y gobiernos debemos hacer presión en las autoridades norteamericanas para que abran el debate sobre una nueva legislación en materia de armas de fuego, para que la tragedia de Aurora no termine, al igual que muchas otras matanzas, en sólo una lamentable noticia.
La industria armamentista de Estados Unidos nos afecta a todos, por ello es necesario que los políticos norteamericanos dejen de ser omisos, porque en un país donde mueren anualmente alrededor de 30 mil personas por incidentes relacionados a armas de fuego, se necesitan leyes más severas al respecto.
Por Jesús Ortega Martínez*
*Ex presidente del PRD
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