Como es
su costumbre, el gobierno federal tomó una decisión unilateral al firmar el
Acuerdo Comercial Anti Falsificaciones, mejor conocido como ACTA, y, como es su
costumbre, desoyó miles de voces que le señalaron que este instrumento es
contrario a las garantías individuales.
Escudándose en la necesidad
real de crear un marco normativo que proteja los derechos de autor, el gobierno
de Felipe Calderón firmó un acuerdo que vulnera la libertad de expresión y
viola derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política.
Esto no es un invento mío o de
los usuarios de internet, son las conclusiones a las que se llegaron después de
meses de análisis y discusión de legisladores, expertos en la materia y
usuarios de las nuevas tecnologías.
En septiembre de 2011, el
Senado de la República, quien se encarga de vigilar la política exterior del
gobierno federal, y quien está facultado para ratificar los convenios
internacionales, en este caso ACTA, dio a conocer una serie de conclusiones que
es necesario retomar para saber por qué Calderón no debió firmar este acuerdo.
Según los legisladores, ACTA
resultaría contrario a diversas disposiciones jurídicas en materia de
garantías, pues vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar
presente en todo el sistema jurídico.
Además, la ambigüedad de
algunas de las disposiciones del proyecto del Acuerdo Comercial Anti
Falsificaciones resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los
mexicanos.
De llegarse a aplicar ACTA
podría haber una limitación al acceso a internet, ampliando con ello la brecha
digital y la posibilidad de que México se inserte en la denominada sociedad de
la información y del conocimiento.
Y una de las razones más
importantes para rechazar este instrumento es que su aplicación podría derivar
en una censura a los contenidos de internet y, en consecuencia, en una
restricción a la libertad de expresión.
A inicios de julio de este año,
el Parlamento Europeo, por una amplia mayoría, rechazó la firma de ACTA frente
a las dudas respeto a los derechos de los usuarios de internet. La presión
social jugó un papel fundamental en este proceso.
Contrario a lo que sucede en
gran parte del mundo, el Ejecutivo decidió no escuchar a las miles de
voces que se alzan en contra de este instrumento internacional que cada vez
encuentra más rechazo alrededor del mundo.
A través de los años el
gobierno federal ha firmado varios acuerdos comerciales que no han beneficiado
a nuestro país como se esperaba, y ACTA es uno de ellos.
Es cierto que hay una necesidad
de actualizar y mejorar la legislación que proteja con eficacia y efectividad
los derechos de propiedad intelectual, pero no debe ser mediante instrumentos
como ACTA, porque en lugar de beneficiar podrían terminar perjudicando a la
mayoría de la población.
Jesús Ortega Martínez
Ex presidente del PRD
@jesusortegam
Esta mañana, en reunión con los diputados federales electos y en funciones de Morelos, Graco Ramírez gobernador electo, los exhortó a trabajar juntos en beneficio del estado, sin importar la filiación partidista de cada uno.