El jurista español Baltasar Garzón Real aceptó firmar un convenio con el gobierno de Graco Ramírez el cual entrará en funciones el próximo primero de octubre, para que “con su experiencia internacional de compromiso con la justicia, pueda ayudar a la creación de la Ley de Apoyo a Víctimas de Morelos”, informó el gobernador electo.
Después de la reunión que esta tarde sostuvo con el controversial litigante, Graco Ramírez señaló que la Fundación Internacional Baltasar Garzón asesorará al gobierno de la Nueva Visión para elaborar la Ley de Apoyo a Víctimas de Morelos, la cual es necesaria para dejar claros los derechos de las víctimas en materia jurídica, de salud, social y laboral.
“El juez Garzón es una personalidad reconocida mundialmente por su congruencia y por ser un hombre comprometido con la justicia, todo mundo, sabe que lo que hoy ocurrió en España contra él, de impedirle ejercer su profesión como juez 11 años, se debe a una represalia de la derecha española por haber llevado a juicio a Pinochet, ese es el esfuerzo del juez Garzón en un gesto que va más allá de la propia España, sino, que es una expresión de respeto a los derechos humanos y políticos como un pueblo como el de Chile”, expresó Graco Ramírez.
En tanto, Baltasar Garzón se mostró jubiloso de colaborar con el gobierno de Graco Ramírez y poder llevar a cabo una ley que será el ejemplo para muchas a nivel nacional e internacional.
Cabe recordar que el pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la Ley General de Víctimas, que obliga al Estado mexicano a reparar los daños materiales y morales a las víctimas del delito, así como a garantizarles asistencia y protección.
Sin embargo, ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la suspensión para promulgar y publicar la ley, luego de que el Ejecutivo Federal presentara un recurso de reclamación para frenar la divulgación.
Dicha ley prevé la creación de un registro nacional de víctimas, así como un fondo permanente de ayuda, asistencia y reparación integral, cuya operación dependerá de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, misma que, a su vez, formará parte del Sistema Nacional de Víctimas en el que estarán representadas las organizaciones de la sociedad civil.