La
diputada federal Esthela Damián Peralta lamentó que ante la creciente
inseguridad que enfrenta el país, en 2010 se hayan dejado de ejercer
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en
31 estados del país, por lo que 2 mil 194.4 millones de pesos quedaron
pendientes de aplicar, lo que significó el 31.7 por ciento del
presupuesto asignado.
Indicó
que sólo Durango erogó el total del presupuesto correspondiente al
monto ejercido por el FASP, el cual ascendió a 6 mil 916.8 millones de
pesos, lo que representó el 1.6% del gasto total ejercido en el Ramo
General 33 en ese año, cantidad exactamente igual, respecto a los
recursos aprobados en 2009.
La
presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF, indicó que con
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2010, el FASP fue objeto de
33 auditorías en las 32 entidades federativas del país. Explicó que de
acuerdo con la ASF, la mayoría de entidades no ejercieron los recursos a
causa de deficiencias en los procesos de planeación, programación y
aplicación del Fondo, así como de insuficiencias en las acciones
emprendidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) para verificar la erogación dentro del
ejercicio fiscal correspondiente.
Recordó
que en 2009 los recursos pendientes por aplicar representaron el 35.1%
del total ministrado, lo cual ilustra la recurrencia que existe en el
subejercicio de este Fondo. Del total de las auditorías practicadas, se
emitieron 440 observaciones que implicaron 497 acciones, de las cuales
168 fueron recomendaciones, 1 promoción del ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, 136 pliegos de observaciones, 188 promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria, 2 denuncias de hechos y 2
multas.
La ASF
determinó recuperaciones por 545.2 millones de pesos, de los que 58.7
millones de pesos son recuperaciones operadas y 486.5 millones de pesos
son recuperaciones probables. De acuerdo al Informe del Resultado de
Revisión de la Cuenta Pública, se destinaron 70 mil 583 millones de
pesos a la estrategia de seguridad pública en las entidades federativas,
de los cuales únicamente el 9.8% correspondió a los recursos del FASP.
Dentro
de las acciones que realizó la ASF, destacan dos denuncias de hechos,
una en Veracruz por la adquisición de material, instrumental médico y de
laboratorio, en la que la ASF determinó que se pagó un sobreprecio por
los bienes adquiridos por 1.1 millones de pesos y la otra en Zacatecas
por la adquisición de equipo táctico (chalecos antibalas) mismos que no
cumplen con las especificaciones que señala el contrato correspondiente,
por lo que se causó un daño al erario público por la cantidad de 1.3
millones de pesos.
Las
anomalías que se presentaron con mayor frecuencia en el FASP fueron:
transferencias indebidas a otras cuentas bancarias, faltantes en cuentas
bancarias, recursos aplicados en conceptos distintos a los establecidos
para el Fondo; falta de documentación justificatoria y comprobatoria
del gasto, anticipos no amortizados, conceptos de obra pagados no
ejecutados, pagos Improcedentes o en exceso y recursos no entregados o
ministrados con retraso a los ejecutores, sin los Intereses
correspondientes, insuficiencias importantes en los procesos operativos
del Fondo.
Por
otro lado, los resultados de las revisiones de la ASF al Sistema de
Seguridad Pública arrojaron diversas observaciones relacionadas con:
transferencias indebidas a otras cuentas bancarias cuyo destino se
desconoce, rendimientos financieros no reintegrados a los ejecutores del
gasto y faltantes en las cuentas bancarias que se abrieron para la
administración de los recursos del FASP por 244.5 millones de pesos, en
Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Guanajuato,
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y
Yucatán.
Así
como pagos improcedentes o en exceso, anticipos no amortizados o
conceptos de obra no ejecutados por 32.7 millones de pesos, en los
estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Además,
adquisición de bienes, servicios u obra pública, que no se vinculan con
los objetivos del Fondo por 27.3 millones de pesos, en Coahuila,
Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas; mientras que en Puebla, Sinaloa y
Zacatecas, no se identificaron los bienes adquiridos con recursos del
Fondo por 2.0 millones de pesos; adquisición de bienes no autorizados en
las cédulas técnicas por 8.4 millones de pesos, en los estados de
Jalisco y Quintana Roo; pagos indebidos de percepciones extraordinarias
sin cumplir con la totalidad de las evaluaciones para su otorgamiento
por 33.1 millones de pesos, en los estados de Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos,
Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas.
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