La propuesta del diputado perredista fue turnada a la Tercera Comisión
de la Permanente
El diputado Francisco Hernández Juárez presentó un punto de acuerdo por el que
solicita que la Comisión Permanente emita un extrañamiento a la Comisión Federal
de Competencia (CFC) por el recurso de reconsideración planteado por Grupo
Televisa y Iusacell, en el que las empresas solicitaron revisar la decisión original de
la CFC de negar la concentración entre ambas empresas, aprobado el 14 de junio
de 2012.
La propuesta del diputado perredista fue turnada a la Tercera Comisión de la
Permanente.
El legislador argumentó que las condiciones impuestas por la CFC para aprobar
la concentración, según la Asociación Mexicana de Derecho a la Información
(AMEDI), son “apenas las obligaciones mínimas que se debieran cumplir en un
mercado competitivo, pero en ninguna forma representan condiciones necesarias
para romper con la concentración en la producción y distribución de contenidos
audiovisuales, máxime si se suma el esquema de multiprogramación contenido en
la política de transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual no requiere licitación
ni contraprestación para ofrecer servicios adicionales, ni siquiera autorización por
parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), con lo cual cualquier
nuevo competidor tendrá condiciones sumamente inequitativas, ante lo que ahora es
ya un monopolio de la televisión”.
Hernández Juárez subrayó que la reconsideración de la comisión significa que
quienes controlan la televisión abierta en México, que llega al 98 por ciento de
los hogares a nivel nacional, ahora sean socios en una industria convergente: la
telefonía y el Internet móviles.
“La CFC está creando un monopolio convergente, en el sector de
telecomunicaciones y sus contenidos. Esta resolución no tiene ningún sentido para
el desarrollo nacional, para una mejor competencia, para mejorar los mercados o
para incentivar la inversión. Tampoco sirve para desarrollar la convergencia o el
desarrollo de las telecomunicaciones, reducir la brecha digital o para que nuestro
país acceda a la sociedad de la información y el conocimiento y mucho menos para
ofrecer servicios de calidad, a buen precio para un público consumidor cada vez
más plural y más crítico. Es una medida contraria a generar condiciones de equidad
y de sana competencia. Es una decisión regresiva que sólo puede entenderse
en el contexto del chantaje que en tiempo de elecciones ha generado medidas
vergonzantes como en su momento lo fue la llamada Ley Televisa”, subrayó.
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