El tema, impulsado por los legisladores José Luis Jaime Correa y Víctor
Manuel Castro Cosío, fue turnado a la Primera Comisión
• Afirmaron que es “visible el fracaso de la servidora pública en el
desarrollo de sus funciones, así como el nulo impacto que sus acciones
han tenido en torno al abatimiento de la impunidad”
• La ASF señaló que de 2006 a 2009, el costo promedio de las
averiguaciones previas a cargo de la PGR fue de $63,900.00
Diputados del PRD presentaron en la Comisión Permanente, una proposición con
punto de acuerdo por el que solicitan a la Procuradora General de la República,
Marisela Morales, proporcionar información sobre el estatus de la procuración de
justicia federal en México.
El tema, impulsado por los legisladores José Luis Jaime Correa y Víctor Manuel
Castro Cosío, fue turnado a la Primera Comisión.
Los legisladores afirmaron que lejos de reducirse los índices de violencia, podemos
ver con mayor asombro la saña con que actúan los criminales, misma que sólo
es superada por la impunidad de la que gozan, lo que hace visible el fracaso de
Marisela Morales en el desarrollo de sus funciones, así como el nulo impacto que
sus acciones han tenido en torno al abatimiento de la impunidad.
Datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que a partir de
diciembre de 2006, es decir, durante el presente sexenio, se han registrado 41 mil
648 ejecuciones, presuntamente vinculadas con el crimen organizado.
Según estadísticas de la propia Procuraduría General, de enero a septiembre
del 2010, se habrían despachado 64,602 averiguaciones previas, de las cuales
únicamente 690 lo son por delincuencia organizada.
La ASF también indica que en 2009, de cada diez averiguaciones previas
iniciadas, sólo dos llegaron a consignarse y de ellas, únicamente una recibió
sentencia, no necesariamente condenatoria, agravándose la situación si tomamos
en consideración que el propio órgano superior de fiscalización señaló que en el
período 2006-2009, el costo promedio de las averiguaciones previas a cargo de la
PGR fue de $63,900.00.
Jaime Correa y Castro Cosío sostienen que existe un déficit en la investigación de
los delitos y en la disminución de la incidencia delictiva.
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