Las autoridades electorales continúan protegiendo los intereses de EPN: PRD

Camerino Márquez Madrid, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del IFE, impugnó la decisión de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Federal Electoral de desechar la queja en contra de periódico Milenio por publicar una encuesta dentro de los tres días previos a la elección, acción prohibida por el COFIPE y delito electoral.

El partido de la Revolución Democrática considera que, al ser una prohibición expresa en la ley, es facultad del Instituto Federal Electoral conocerla y sancionarla. Sin embargo, el Instituto manipuló la queja al radicarla como Procedimiento Especial Sancionador por medio del cual se conocen de las violaciones respecto a la propaganda, para posteriormente determinar que es improcedente porque no se trata de propaganda.

Así mismo, el Partido de la Revolución Democrática apelará la  resolución en la que el Instituto Federal Electoral determinó que la propaganda pagada por la Industria de la Construcción a favor de Peña Nieto publicada en los diarios Universal y Reforma el día 18 de abril de 2012, no es de carácter mercantil, ya que el IFE utilizó como justificación que el Centro de Capacitación de dicha Cámara está constituido en una Asociación Civil a pesar de que la ley prohíbe las aportaciones de empresas mercantiles ya sea de manera directa o indirecta y bajo cualquier circunstancia.

Consideramos urgente que el Instituto Federal Electoral deje de lado esta actitud parcial con la que a partir de coartadas "legales" protegen los intereses de Enrique Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional y grupos de poder que los apoyan

Propone Fernando Belaunzarán cambios en el formato del Informe Presidencial

Cada primero de septiembre, desde hace cinco años, se reúne el Congreso General --la máxima expresión del Poder Legislativo-- con el único objeto de servir de oficialía de partes al mensajero del presidente de la República. Lo acabamos de vivir.

El Poder Ejecutivo, nos dice el artículo 80, es unipersonal. Se deposita únicamente en su titular. Sin embargo, éste se da el lujo incluso de enviarnos a un propio. Se llevaron el show, pero eso sí, nos dejaron el boato.

Las dudas que se desprenden son obvias. Este Congreso, ninguneado de inicio, ¿está en  condiciones de hacer las grandes reformas y transformaciones que requiere México? ¿Podrá darle un nuevo diseño institucional a la República? ¿Tendrá los tamaños para enfrentar a los poderes fácticos y ponerle coto a los monopolios? ¿Podrá vigilar al Poder Ejecutivo, cuidar sus excesos y tener con él una relación republicana?

Nuestra apuesta es que sí; que el Congreso mexicano estará a la altura de las circunstancias. Pero para que eso ocurra hay que darle su lugar y su preeminencia al Poder Legislativo; y, en el asunto del informe, como en muchos otros, la forma, vaya que es fondo.

Por supuesto que no vengo a abogar por el antiguo formato de la presidencia imperial, al contrario; pero justo es decir que pasamos del suntuoso ceremonial hecho a la medida de la megalomanía sexenal en turno, al trámite burocrático frío, gris, inocuo, con sello de recibido.

La rendición de cuentas brilla por su ausencia. Ya no es el día del presidente, es verdad; ahora éste se da uno o dos días después con la misma cadena nacional de antaño, pero ahora el Ejecutivo no se tiene que esforzar para no ver ni oír a sus opositores. El auditorio es de amigos selectos. Un escenario inmejorable para el monólogo autocomplaciente.

Si lo que se buscaba era terminar con la subordinación de un poder a otro, el remedio salió peor que la enfermedad.

La solución no era y no es reducir el perfil del encuentro entre poderes hasta hacerlo frívolo y pueril, sino que ésta sea una reunión republicana con un diálogo cercano y directo que permita a los representantes populares y ciudadanos, informarse realmente del estado que guarda la nación.

En muchos países democráticos es práctica común que el titular del Ejecutivo, el presidente, responsa a preguntas e incluso debata con los legisladores y lo hace porque así cumple con su responsabilidad de rendir cuentas ante la representación popular. Exactamente lo que ahora no tenemos.

Como es del dominio público, a muchos mexicanos nos disgustó el fallo del Tribunal Electoral y estamos convencidos de que no cumplió cabalmente con su responsabilidad; pero eso no obsta para que le pidamos cuentas a quien encabeza el Poder Ejecutivo por las políticas implementadas y por los recursos públicos utilizados.

Esa es nuestra responsabilidad de todos y por supuesto del Congreso como órgano o instancia del poder de la república; ejerzamos esa responsabilidad, esa facultad, a plenitud.

La reforma que se propone es sencilla pero trascendente. Se establece que el titular del Ejecutivo acuda al Congreso General, escuche las intervenciones de los grupos parlamentarios, exponga el estado que guarda la nación y los resultados de su administración y luego conteste las preguntas de los legisladores. Sería, si la reforma es aprobada, la Ley del Congreso la que regule el procedimiento.

Nada del otro mundo, apenas un paso hacia una nueva y necesaria concepción democrática de las instituciones del Estado y de la relación entre poderes. Pero un paso al fin que vale la pena dar.

Sin embargo estoy enterado de las resistencias a avanzar en esa dirección. El problema en el fondo es que algunos, contra toda evidencia, se rehúsan  a aceptar que el presidencialismo mexicano está desahuciado, a pesar de que sus estertores son inocultables, sueñan con la restauración del viejo régimen.

Y aunque es verdad que se impuso o mejor dicho nos impusieron al candidato de la restauración, lo cierto es que llegará en un escenario muy diferente al que pensaba.

En lugar de la amplia mayoría que tanto pregonaba y anunciaba y que ponía como eje esencial de la gobernabilidad en el país, la sociedad volvió a expresar su pluralidad. Desde 1997 ningún partido tiene la mayoría en las Cámaras. Ya es hora de que todos lo aceptemos como una realidad no sólo inevitable, sino saludable.

El camino de la regresión está cerrado y sería un despropósito seguir como estamos, con las evidentes disfuncionalidades de nuestro sistema político.

El camino abierto es el de la democracia, algo que por cierto habrá que explicarles a algunos gobernadores.

Los conmino a que recuperemos la vía de la transición que durante la alternancia lamentablemente se perdió. Para eso hay que darle su lugar y estatura al Poder Legislativo.

Espero que quien antes defendió la autonomía y jerarquía del Congreso, no vaya a querer ahora achicarlo porque la presidencia cambio de color. Ya nos ha sucedido.

Los invito a que hagamos del Poder Legislativo el gran motor de los cambios en el país. Eso está en nuestras manos. De ello aspiro a convencerlos.

Se congratula Graco Ramírez la voluntad para dialogar de los pobladores de Huexca

“Esta semana recibí con beneplácito la aceptación al diálogo de los pobladores de Huexca  respecto a la construcción del gasoducto y la termoeléctrica, que manifestaron a través de una carta que me envió el ayudante municipal, Alejandro Estudillo Flores”, dio a conocer Graco Ramírez, gobernador electo del estado de Morelos.

Graco Ramírez dijo que el sello característico de su gobierno que comenzará el próximo primero de octubre, será ante todo el diálogo y la construcción de acuerdos para lograr el mayor beneficio para todas y todos los morelenses.

Reiteró que no habrá imposición por parte del gobierno estatal, pero confió que con los argumentos sólidos que dará a los pobladores de Huexca, respaldados por especialistas en las áreas pertinentes, se podrá llegar a un convenio por el progreso de Morelos.

“Les reitero que yo seré el gobernador de todos los morelenses y estaré siempre del lado de la gente como su representante, por ello, mediante un comunicado manifesté mi deseo de entablar un diálogo maduro, abierto y de respeto con los pobladores de Huexca, para escucharlos y establecer un canal de comunicación directa con ellos, que permita avanzar en los temas del gasoducto y la termoeléctrica”, aseveró.

El gobernador electo comisionó a Rogelio Díaz Crespo, Marino Martínez Román y Ricardo Robledo Chávez para ser la comisión de enlace con los pobladores de Huexca, por lo que, solicitó al ayudante municipal  nombrar a un grupo para que ambas comisiones determinen el formato, fecha, hora y lugar del encuentro.

“Estoy seguro que mediante el diálogo podremos generar acuerdos en beneficio de Morelos”, agregó Graco Ramírez.

Destinan mil 200 mdp para culminar la construcción de la autopista Siglo XXI

El gobernador electo de Morelos, Graco Ramírez podrá disponer de hasta mil 200 millones pesos para continuar con el proyecto “Autopista Siglo XXI “Jantetelco-Xicatlacotla (Higuerón) Autopista del Sol”, luego de que el Comité Técnico del Fideicomiso de 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) aprobara la solicitud realizada por el próximo jefe del ejecutivo, para la construcción de 61.8 kilómetros de carretera.

Alejandro Armando Castañeda Cruz, director general del operador de carreteras de cuota de Morelos informó a Graco Ramírez que en sesión, el Comité Técnico determinó destinar el dinero de los apoyos no recuperables en su modalidad de subvención para llevar a cabo esta obra de infraestructura mediante el esquema de asociación público-privada, en su vertiente de concesión.

Agregó que en los próximos días, el Fonadin le comunicará de manera oficial al organismo descentralizado, el monto y los términos para el otorgamiento de la subvención.

Cabe señalar que el tramo carretero forma parte de la denominada Autopista Siglo XXI y complementará el eje carretero transversal Acapulco-Veracruz, uniendo el Golfo de México con el Océano Pacífico.

Ese trámite se inició en el mes de mayo de 2011, simultáneamente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aportando los estudios y documentación establecidos por las Reglas de Operación del Fonadin.

Los proyectos para las autopistas serán presentados para que se reciban recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de manera que para el 2013 se inicien las obras.

“Me congratulo de que el Fonadin haya aprobado la utilización de los apoyos no recuperables para culminar el proyecto de la autopista Siglo XXI; con esto podrá mejorarse la vialidad en el estado, para que los automovilistas se muevan a más de 20 kilómetros por hora en la entidad”, declaró Graco Ramírez.

Proponen diputados del #PRD que el IFAI sea un organismo autónomo

Presentación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 73, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.

Una parte fundamental en la consolidación de nuestra democracia tiene que ver con que las leyes y las instituciones cuenten con las debidas garantías y la protección de los derechos humanos.

En particular, en la presente iniciativa consideramos que a la incorporación, en años recientes, de los derechos a la información y la protección de datos personales a nuestro marco jurídico, debe corresponder ahora una reforma del mismo calado a las instituciones garantes de estos.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, en diversos documentos programáticos, aprobados por sus instancias partidistas, ha determinado incluir como una de sus propuestas legislativas la autonomía plena del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, actualmente IFAI.

Esto en virtud de que en nuestra Constitución Política, y las leyes secundarias de reciente creación, sean reconocidos los derechos de información y protección de datos personales que han señalado como órgano garante al IFAI, otorgándole, para tal efecto, una numerosa serie de nuevas facultades que por sí mismos rebasan el andamiaje jurídico vigente de esta institución que ya no puede seguir siendo un órgano perteneciente a la administración pública federal con facultades limitadas.

Ha llegado el momento de que se le reconozca como un auténtico órgano de Estado que tendrá como propósito esencial la tutela de estos derechos humanos, con el firme propósito de que los ciudadanos conozcamos las acciones de gobierno, a efecto de evaluar su desempeño y, por otro lado, se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas y sus principios de transparencia y máxima publicidad.

Proponemos reformar el artículo 6o. para que se reconozca al IFAI como órgano garante del Estado, que garantizará el ejercicio del derecho a la información y la protección de datos personales, para lo cual deberá contar con la debida autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, al que se le denominará Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Se abocará a la promoción y difusión de estos derechos, así como para resolver en última instancia sobre las solicitudes y las controversias que se susciten sobre el acceso a la información y la protección de datos personales que posea cualquier ente público de la federación o de las entidades federativas, privilegiando los principios de publicidad y de interés público.

Un aspecto de la mayor relevancia que se incluye en la presente iniciativa, tomando en cuenta las experiencias que se han registrado a partir de las conductas negativas observadas por varios sujetos obligados que han incumplido con sus resoluciones, es que se reconozcan sus resoluciones como jurídicamente definitivas e inatacables con el propósito de que, una vez que sean emitidas, el sujeto obligado, agotados los procedimientos correspondientes, tengan clara la responsabilidad en que pueden incurrir de no acatarla.

Que el instituto se integre por cinco comisionados, los cuales serán renovados en forma escalonada, previa consulta pública por las dos terceras partes de los miembros de presente Cámara de Diputados o por la Comisión Permanente, durando en su encargo ocho años sin posibilidad de reelegirse, con la restricción para que puedan ejercer otro empleo, cargo o comisión, salvo las que tuvieran que ver con actividades docentes, científicas o culturales.

Deberá presentar un informe anual ante la Cámara de Diputados y tendrá la obligación de comparecer, bajo protesta de decir verdad, ante las Cámaras del Congreso de la Unión.

Por otro lado, con el propósito de generar un nuevo marco jurídico que fortalezca las competencias de los órganos garantes en esta materia en el ámbito federal y de las entidades federativas, consideramos oportuno proponer en la presente iniciativa un conjunto de nuevas herramientas para garantizar un tratamiento homogéneo e integral de estos derechos que se ejercen con cierta disparidad en las entidades federativas.

Por ello, adicionamos al artículo 73 la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus competencias, asuman estas responsabilidades conforme a lo dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución.

Por último, partiendo del punto de que se integra el IFAI como un órgano constitucional autónomo, es necesario establecer un régimen de responsabilidades para sus servidores públicos, incorporándolos a lo previsto en los artículos 110 y 111 de la propia Constitución, como ya se hizo en su momento con los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del IFE, para que aquéllos sean sujetos de responsabilidades políticas, administrativas y, en su caso, penales.

El Grupo Parlamentario del PRD estima imprescindible que esta reforma constitucional sea discutida y, en su caso, aprobada por el constituyente permanente, con el firme propósito de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, mediante un nuevo y reconocido impulso al reconocimiento de estos derechos, así como a la transparencia y rendición de cuentas, que tanta falta le hace a nuestro país y que fue una asignatura pendiente de las administraciones panistas.

Acuerdo político, antídoto contra la restauración

Con la resolución del Tribunal Electoral (injusta y contraria a los principios constitucionales) se inicia una nueva etapa para la vida del país, en donde todas las fuerzas políticas debieran contribuir para que ésta fuese de prosperidad y de avance en el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Con Peña Nieto encargado del Ejecutivo federal, está latente la posibilidad de la restauración del viejo régimen en sus dos claras expresiones: la primera de éstas, es la del nacionalismo revolucionario, autoritario, antidemocrático y portador de un desfasado y anacrónico programa de gobierno; la segunda es la del neoliberalismo, igualmente antidemocrático, pero especialmente empobrecedor de la gran mayoría de la población. Ese priismo autoritario, con estas dos caras, sumió a México en décadas de represión, cancelación de derechos, pobreza y desigualdad. Para desgracia del país, el panismo de Fox y Calderón ni continuaron la transición ni menos terminaron con el antiguo régimen; contrario a ello, se treparon en éste y lo peor, pavimentaron el camino para su regreso.

En la izquierda, miles, millones de mujeres y hombres hemos hecho grandes esfuerzos y dado grandes luchas para lograr sepultar a ese sistema y aunque no hemos tenido la Presidencia, sí hemos logrado significativos avances aunque no los suficientes ni los necesarios que demanda México. Algunas cosas nos han faltado, pero de lo principal que hemos carecido es de la propuesta alternativa de país, que substituya tanto al viejo nacionalismo revolucionario como al neoliberalismo, modelo en el que se hermanaron en las dos últimas décadas, el PRI y el PAN.

En la izquierda, cierto, tenemos problemas de organización, de conflictos internos, de sectarismo, pero sin restarles importancia, nuestra carencia principal es programática, es decir: no acertamos en definir con diáfana claridad qué le ofrecemos al país que no sea un remedo de ese nacionalismo revolucionario y que no sea un nuevo maquillaje para el neoliberalismo.

Con visión nueva, hay que llevar a cabo —desde la izquierda— una acción política que aliente desde la paz y con apertura democrática, una resistencia de la ciudadanía a la restauración del Ancien régime. Pero hay que entender esta resistencia, no como acción violenta, no como pugna estéril, no como chovinismo partidista ni como “reivindicación para la historia” de personajes,  sean cuales fueran. ¡No! Así, con esas formas decimonónicas la izquierda, más allá de deseos, no estará preparada para ser la alternativa al sistema priista.

En sentido contrario, es ahora el momento político para presentarle a los ciudadanos lo diferente; para proponer a todos, ciudadanos y partidos, el programa renovador que México necesita; el programa económico, social y democrático de una izquierda moderna e innovadora.

El PRD y la izquierda progresista están en condiciones para procurar para el país un gran acuerdo político con otras fuerzas y otros actores influyentes de la sociedad, y en torno a ese acuerdo, el PRD debe ofrecer las soluciones que en conjunto deban ser alternativa al viejo sistema, para con ello impedir su restauración.

Jesús Ortega Martínez

Ex presidente del PRD

En vez de llamar a apoyar a Peña, Calderón debería avergonzarse de ser el principal autor de que el PRI regrese a los pinos: Sánchez Camacho

México DF, a 3 de septiembre de 2012

Alejandro Sánchez Camacho, Secretario General del Partido de la Revolución Democrática, censuró el hecho de que el Titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón, haya convocado a los mexicanos a apoyar a Enrique Peña Nieto cuando, dijo, “debería caérsele la cara de vergüenza por ser principal responsable de que el PRI regrese a Los Pinos”.

Al fijar una postura en torno al informe de Gobierno presentado esta mañana por Calderón Hinojosa, Alejandro Sánchez Camacho hizo notar que no es de extrañar el tono triunfalista si se considera que su administración, igual que la de Vicente Fox, no generaron el cambio por el que los mexicanos votaron y siguió el mismo esquema que el del PRI al que ahora apoyó: Con un mismo proyecto de seguir vendiendo al país al mejor postor y a seguir empobreciendo a la mayoría de los mexicanos, expresó.

Agregó que Felipe Calderón y Vicente Fox demostraron que Acción Nacional ni combatió la corrupción, ni ofreció un modelo económico diferente, ni llevó a la cárcel a los viejos priistas corruptos; por el contrario, abundó, no sólo solapó la corrupción de los priistas de ayer, hoy y siempre, sino que entre sus huestes también sacaron el cobre, como lo demostraron los hijos de Marta Sahagún.

El PAN de Calderón continuó realizando las reformas legales que ya venía haciendo el PRI, desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y ahora pretende coronar el ultraje al pueblo mexicano, con las reformas a la Ley Federal del Trabajo que, entre otras cosas, pretende socavar el derecho de huelga y fomentar la subcontratación.

Sánchez Camacho declaró que el PRD y el pueblo en general, deben prepararse para enfrentar la hondonada neoliberal más agresiva de los últimos años, donde los derechos laborales, las prestaciones sociales y el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, están en grave riesgo.

Irregular que TEPJF de carpetazo a juicio de invalidez sin analizar pruebas presentadas: Jesús Zambrano Grijalva

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, condenó el hecho de que, sin que se hayan analizado ni desahogado las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista en el Juicio de Inconformidad que presentó contra los resultados de la elección presidencial del pasado 1 de julio, ya circule entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la versión final del proyecto de sentencia, y consideró que esto es una situación totalmente indebida e irregular.

“Es preocupante, dijo, que no han terminado de desahogarse todavía las quejas que hemos presentado ante el Instituto Federal Electoral, ¡y resulta que ya está circulando el proyecto de sentencia emitido por la Comisión Instructora, la Comisión Especial de la Sala Superior entre los magistrados!”

Es indebido y absolutamente irregular, agregó, el hecho de que, sin que se hayan analizado el conjunto de las pruebas, de las quejas; sin que se hayan desahogado en las áreas correspondientes de la autoridad electoral, ya estén prácticamente queriendo dar “carpetazo” al asunto, y “borrón y cuenta nueva”, señaló.

En conferencia de prensa, acompañado por los dirigentes de los partidos del Trabajo, Albero Anaya y de Movimiento Ciudadano, Luis Walton, así como los representantes de estos institutos políticos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Zambrano advirtió que “no vamos a compartir, de ninguna manera, esta visión, esta decisión de los magistrados del Tribunal y, por eso hoy estamos reforzando, ampliando nuestros alegatos, nuestra propia exigencia”, subrayó.

En este contexto, Zambrano Grijalva dejó en claro que las fuerzas progresistas no dejarán de insistir “en que se aplique el principio de exhaustividad en el análisis del conjunto de los alegatos y de los elementos probatorios presentados para sustentar este Juicio de Inconformidad en el que se demanda la invalidez de la elección” dado que incumplió con los principios del artículo 41 constitucional en el sentido de que deben ser libres y auténticas.

 “¿Cuál es la prisa para que ya cierren todo? ¿Cuál es la prisa para que ya quieran mañana o pasado mañana entrar simplemente a resolver? ¡Es un asunto que tiene que ver con la elección presidencial nada más y nada menos, en un país de régimen presidencialista, y que tiene que ver con la salud institucional de la República!”, precisó.

Zambrano y los dirigentes y representantes de PT y MC, acudieron al Tribunal Electoral para entregar una ampliación a la queja contra Scotiabank, el gobierno del estado de México y el Banco de México, por las últimas revelaciones y  boletines oficiales de esta institución y de Scotiabank que hacen evidente el uso indebido e ilegal de recursos públicos del gobierno del Estado de México a la campaña del PRI, así como la manipulación, triangulación financiera y alteración de documentos públicos y privados a través de transferencias electrónicas millonarias (Spei).

Al respecto, Camerino Márquez, representante del PRD ante el IFE, expuso que resulta fundamental el que el Tribunal tome en cuenta estas nuevas evidencias, toda vez forman parte del capítulo de pruebas del juicio de inconformidad relativas al caso Monex donde se ha encontrado que más de 300 millones de pesos fueron canalizados a las campañas del PRI sin que se conozca su origen y que puede deberse a dinero de procedencia ilícita o del desvío de recursos públicos por parte de los gobiernos emanados de dicho partido.

La coalición está en tiempo y forma para presentar estas pruebas y la autoridad está obligada a precisar la responsabilidad de las instituciones financieras y la ilegalidad con la que actúan respecto al manejo financiero, pero sobre todo –añadió- la triangulación de estas empresas fachada que tuvieron que ver con el caso de Monex pues estamos hablando de más de 300 millones de pesos cuyo origen y procedencia deberán ser definidos: O es dinero de procedencia ilícita o del desvío de recursos públicos que gobiernos estatales del PRI canalizaron, precisó.

Márquez Madrid explicó que este tema es delicado porque tiene que ver con la esencia de la equidad y la transparencia de los recursos que utilizó la coalición Compromiso por México y que benefició a Enrique Peña Nieto;  que rebasaron el tope de campaña y debe quedar claro hasta el último detalle  relacionado con Scotiabank.

Respecto a la negativa del Tribunal para ampliar el plazo de la resolución solicitada por los partidos de izquierda a fin de que se pudiera dar el espacio para investigar más profundamente y dar un veredicto debidamente documentado, Márquez Madrid lamentó la decisión y dijo que con ello, los magistrados “cerraron una oportunidad valiosa para hacer investigaciones verdaderamente objetivas y exhaustivas  que  dieran margen a que -en los informes que rindan los partidos el  8  octubre- pudiera  contabilizarse el  rebase de gastos de topes de campaña y arribar a la conclusión  de las cuatro  líneas de investigación  que, en los informes preliminares, rindió la Unidad de Fiscalización y pudieran ser  tomados en cuenta”. 

“Nos parece grave que  el tema del dinero en la  política, la compra de  votos  y la coacción -que fueron  masivos-  no haya una valoración jurídica dentro de este juicio de inconformidad”, lamentó.

“Vamos a esperar y a seguir exigiendo que se tome en cuenta el conjunto de nuestros argumentos y de las pruebas que hemos presentado, porque no estamos demandando la nulidad, sino la invalidez de la elección por violación de principios constitucionales, contenidos en el artículo 41 de nuestra Carta Magna”, reiteró Zambrano Grijalva, al tiempo de exponer que, una vez presentada esta ampliación de queja, los magistrados no podrán simplemente decir: “No hay elementos probatorios suficientes”. O que si solamente se eliminaron o anularon equis números de casillas, no se disminuye la ventaja de Peña Nieto sobre Andrés Manuel.

“Lo que estamos diciendo –aclaró- es que esa ventaja se obtuvo sobre la base de violar preceptos legales y constitucionales básicos fundamentales. Este es el contenido de fondo de nuestro reclamo”, concretó.    

Por lo tanto, finalizó, hasta el último minuto antes de que emitan su sentencia, voy a estar  -con los dirigentes de los partidos de la coalición, los diputados, senadores, y el propio Andrés Manuel- exigiendo que se nos haga justicia, y que se atienda el conjunto de los reclamos… Todavía, como se dice en argot beisbolístico: Hasta que cae el último out -el out 27- se acaba el partido. Vamos a esperar la resolución, la sentencia del Tribunal para conocerla, valorarla en sus términos, y asumir una posición frente a ella, remató.

Criminal pasividad ante el fanatismo

En la comunidad de Nueva Jerusalén, ubicada en el municipio de Turicato, Michoacán, existe un sistema de usos y costumbres tales como la prohibición del noviazgo, ver la televisión, todo consumo de bebidas alcohólicas, escuchar música (excepto la litúrgica) y  el uso de prendas de vestir “inapropiadas” para las mujeres. Pero lo más grave de todo es que está prohibida la instalación de escuelas.

Bajo el dominio de un cacicazgo religioso, integrado por un par de sectarios mesiánicos, en esta comunidad se violentan derechos humanos de manera reiterada. Los líderes mesiánicos imponen penas físicas e infamantes, expulsan a familias de la comunidad de manera violenta, queman sus casas y, como ya vimos recientemente, destruyen escuelas.

En el año 2007, un grupo de familias solicitaron el establecimiento de una escuela pública primaria, la cual, en el poco tiempo que funcionó, estuvo bajo asedio constante por parte de los fanáticos, hasta que dicha escuela fue destruida el pasado 6 de julio.

El 20 de agosto del presente año, mientras el resto de las niñas y los niños de Michoacán comenzaban el actual ciclo escolar, en Nueva Jerusalén ese grupo de fanáticos impidió que comenzaran las clases en aulas improvisadas para tal efecto.

Los fanáticos en Nueva Jerusalén buscan “justificar” la destrucción de escuelas y los bloqueos afirmando que la educación laica en la comunidad carece de valores morales. Con este criterio, estos fanáticos agreden a toda aquella madre o padre de familia que pretende ejercer el derecho a la educación de sus hijos.

Es evidente que este tipo de acciones vulnera flagrantemente el derecho humano a la educación.  En su artículo 26, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación… La instrucción elemental será obligatoria… La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos…

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero  que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Asimismo, estipula que: garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa… el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Por su parte, la Ley Estatal de Educación de Michoacán, establece que la educación que imparta el Estado será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa respetando las convicciones personales. Estará basada en los resultados del progreso científico, tecnológico y humanístico, y luchará contra la ignorancia y sus efectos; contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios…  Garantizada la libertad de creencias y cultos, el Sistema Educativo fomentará el respeto a las libertades de conciencia y a la consecuente libre expresión de las ideas, sin preferencias ni discriminaciones.

Lo más grave de esta situación es la pasividad de autoridades negligentes, tanto federales como estatales.

La Federación está obligada a intervenir ante las violaciones constitucionales y legales, referentes al ámbito educativo, del cual todavía conserva suficientes atribuciones aún después del proceso de descentralización educativa, sobre todo respecto a los principios fundamentales plasmados en la Constitución federal y en la Ley General de Educación.

Además, los hechos en Nueva Jerusalén son extremadamente discriminatorios y la Federación está obligada a hacer cumplir el artículo primero constitucional y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Por su parte, tal y como lo establece el artículo 137 de la Constitución del Estado Libre y soberano de Michoacán, la educación pública depende directamente del Gobernador del Estado, quien cuidará de fomentarla por todos los medios posibles. Por su actitud omisa e indolente, es éste el principal responsable de la denegación del derecho humano a la educación en Nueva Jerusalén. Es asimismo, el principal responsable de restablecer la legalidad y combatir la discriminación en Nueva Jerusalén.

Desafortunadamente, parece que el Gobierno Federal pretende heredarle a la próxima administración el problema, mientras que el gobernador de Michoacán parece que está esperando que estos hechos ya no estén en las primeras planas de los medios nacionales para continuar administrando el conflicto, sin la pretensión de resolverlo.

Jesús Ortega Martínez

Ex presidente del PRD