La próxima legislatura del Congreso de la Unión tendrá la oportunidad de asumir reformas pendientes de extrema relevancia para el desarrollo del país. Las izquierdas ratificarán su compromiso a impulsar una reforma fiscal integral, justa y equitativa.
Para llevar a cabo una reforma de este tipo, se debe ampliar la visión meramente tributaria y hacer claros los fines sociales y productivos que justifican todo tributo e incorporar compromisos transparentes sobre el uso de los recursos.
El primer paso es construir un marco institucional de planeación que imprima racionalidad, coherencia, responsabilidad y legalidad al ingreso, al gasto y a la inversión en el sector público, y que elimine la discrecionalidad del Ejecutivo federal en el manejo de las finanzas. La base para la planeación democrática es la ampliación de las facultades del Congreso y la asunción práctica de sus responsabilidades para captar, asignar y fiscalizar los recursos presupuestales, en consonancia con los requerimientos regionales y estatales de infraestructura y desarrollo, con el fin de incrementar la productividad agropecuaria, industrial y de servicios.
El núcleo de una nueva política hacendaria integral radica en una relación orgánica de las políticas ingreso-gasto (con énfasis en materia de inversión pública) y de una que propicie crecimiento y desarrollo más acelerado y equilibrado que permitan subsanar los rezagos de la población en el menor tiempo posible.
Algunas de las bases para cumplir los objetivos señalados son: Hacer realidad los principios constitucionales de equidad y progresividad tributaria; revisar todo el sistema impositivo y su administración con el propósito de incidir significativamente sobre la equidad social, gravando más a quienes más tienen y combatiendo la evasión, omisión y elusión fiscales.
Establecer mecanismos de tributación eficaces que permitan lograr mayor eficiencia y aumentar capacidad recaudadora para asegurar el financiamiento sano del gasto público, simplificación del sistema fiscal para dar estabilidad, certeza jurídica y transparencia.
También progresión adecuada en el sistema, fortaleciendo la capacidad redistributiva del impuesto sobre la renta por medio de una diferenciación mayor de las tarifas según los niveles de ingreso; ampliación de la base de contribuyentes con la incorporación al régimen fiscal de sectores informales de la economía; gravamen, en rango competitivo internacional, de las actividades especulativas; establecimiento y definición de los derechos de los contribuyentes con objeto de darles facilidades para su regularización y fortalecer la información, transparencia y rendición de cuentas del gobierno y del sector público.
Por lo que toca a una nueva visión del federalismo, se debe plantear la descentralización de algunos impuestos a estados y municipios fortaleciéndola, así como la redistribución de los impuestos federales mediante una nueva Ley de Coordinación Fiscal incrementando la participación de municipios y estados.
La reforma fiscal es el eje de la transformación económica del país; es la instancia de articulación de un nuevo pacto social que armonice adecuadamente el bienestar de la población y potencie las capacidades productivas de la economía.
Por Jesús Ortega Martínez*
*Ex presidente del PRD
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